Vuelta de tuerca: Control Presidencial

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Desde que un priista se perfilaba para recuperar la presidencia de la República, recordé el férreo control que antaño se ejercía sobre los gobiernos estatales.

 

Por ejemplo, Carlos Salinas destituyendo gobernadores a diestra y siniestra.

Desde que regresé a Chihuahua hace tres años —más de tres décadas de ausencia—, observé lo que antes había registrado en dos estados disímbolos: Veracruz y Michoacán. En el primero, el poder virreinal de Fidel Herrera; y la impericia de Leonel Godoy o el poder supremo de la dinastía que heredó Lázaro Cárdenas Batel, en el segundo caso.

En efecto, al arribar a Chihuahua vi cómo se había perdido la disciplina que creí ejercieron mandatarios como Óscar Flores Sánchez y Patricio Martínez, fuera esa creencia por lecturas desde la metrópoli o por mis cortas estancia en mi tierra de origen.

Observé desorden y apatía, ciudades apagadas, inseguridad flotando en el aire, desempleo, desconfianza y miedo ante el precipicio.

Un presidente que había perdido la brújula por su insensatez frente al crimen organizado; que había precedido a otro que de estadista sólo entendía el derecho —su derecho— de usar sombrero, hebillas y botas vaqueras, y soltar la lengua cuando se le ocurriera. Ese abandono y desolación que infligió el centro —la médula de la nación— allanó el camino para que algunos mandatarios estatales hicieran su agosto, crearan el desorden en las finanzas, facilitaran la corrupción y fueran infiltradas sus administraciones por los malosos.

Sí, cuando entreví que un priista retomaría las riendas de la nación, lo primero que deduje: se acabó tal displicencia. Ese poder omnímodo que antaño se ejerció desde el centro, ahora se reforzará debido a la intensa competencia entre los partidos políticos y la facilidad como se ventila hoy en día el quehacer de la cosa pública.

Y así llegó el expediente clave que regulará el control de las administraciones estatales, sin la necesidad, arbitrario o no, de ser ejercido por el máximo jefe del Estado mexicano.

La aprobación de la primera iniciativa preferente enviada por Calderón —reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental— somete a los gobiernos locales a ese férreo escrutinio por parte del “Gobierno Federal, la Cámara de Diputados y la Auditoría de la Federación. Asimismo, tendrán que rendir informes exhaustivos sobre sus ingresos, egresos y deudas a la Secretaría de Hacienda ¡cada tres meses! Y de incumplir con la ley, los servidores públicos locales irán a prisión con penas de dos a siete años y multa de hasta medio millón de días de salario mínimo, o sea 31 millones de pesos.” [Véase, “Peña aprieta a los gobers (priistas)”; Rubén Cortés, La Razón, noviembre 8.].

Diría Perogrullo: Otra vuelta de tuerca, pero ahora aceitada. O lo que es lo mismo (casi), “Flojito y cooperando”.

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