Una reforma buena, pero aún insuficiente

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Bajo una condición de absoluta sincronía no solo sería notoria la coordinación temporal de las propuestas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, sino que además habría una sensible reducción en los costos electorales, habida cuenta de la frecuencia y periodicidad con la que bajo el actual esquema jurídico se desenvuelven los comicios en todo el territorio nacional. Los siguientes pasos, sin duda deberán ser la ampliación y homologación de los períodos de ejercicio del cargo en todos los puestos de elección popular ya referidos. De poco sirve al erario público la circunstancia de que se autoricen reelecciones sucesivas de legisladores, ya sean estos del orden federal o estatal, si no se amplían y sincronizan los plazos para el desempeño de los cargos, pues uno de los factores que encarecen la democracia mexicana, y tornan más compleja la dinámica de trabajo de los gobiernos es el hecho de que el país vive bajo una especie de “permanente proceso electoral”, ya que la reiterada realización de los procesos eleccionarios y las consecuentes “vedas electorales” impuestas por la legislación de la materia implican un notable desgaste económico y político para la sociedad, además de limitar sensiblemente a una buena parte de los programas y acciones gubernamentales orientadas al beneficio individual y/o colectivo de los ciudadanos.

Otro asignatura pendiente es la concerniente a los escaños de representación proporcional, que en virtud de los ordenamientos jurídicos vigentes mantienen sobrecargadas la estructuras legislativas de todo el país, principalmente del Congreso de la Unión, donde en la Cámara de Diputados son 200 los legisladores que entran por esta vía, mientras que en la Cámara Alta son 32 los senadores que llegan bajo tal prerrogativa. Independientemente de que la “sobrepoblación” legislativa, personificada por los legisladores plurinominales, significa una evidente dificultad adicional a la ya de por sí compleja tarea de establecer entre las bancadas partidistas los acuerdos y consensos necesarios para la aprobación de las grandes reformas que el país y las entidades federativas requieren, los actores políticos emergidos de la representación proporcional representan un considerable y superfluo costo para los presupuestos de los poderes legislativos federal y estatales. La cantidad de recursos que se ahorraría con la supresión de tal figura podría servir para fortalecer los programas de inversión en materia de infraestructura o gasto social. Frente al excesivo dispendio que le significan al erario público del estado mexicano la frecuente organización de los procedimientos constitucionales de elección y la sobrepoblación de sus órganos legislativos, se impone la necesidad impostergable de instaurar medidas trascendentes que permitan tener un mayor control y eficiencia en la materia.

Entre otros de los avances derivados de la reforma en cita si sitúan el relativo a la equidad de género, así como la posibilidad de anular la elección en caso de un eventual rebase de los topes de gastos de campaña cuando esto sea determinante para el resultado. Ello tiene un claro sentido de justicia, pues con tal apertura se reivindican, por un lado, la capacidad y presencia de las mujeres en la vida política, y por otra parte se confirma el compromiso del estado mexicano para hacer respetar los lineamientos que rigen el juego electoral.

El acortamiento del período de tiempo existente entre la elección y la toma de protesta del Presidente de la República, así como la creación del Instituto Nacional Electoral, y la elevación del dos al tres por ciento de votación como requisito para el mantenimiento del registro de los partidos políticos, constituyen, entre otros, importantes logros de la reforma, de los que se hablará después; por ahora lo pertinente es refrendar que lo alcanzado es insuficiente. La novel reforma aún no reúne las condiciones para cumplir a cabalidad con el cometido que una adecuación jurídico-política de tal naturaleza debe perseguir, pues una reforma político-electoral que en verdad se precie de serlo, no solo debe enfocarse al aspecto de la ampliación de los derechos y las libertades políticas y democráticas, de los partidos y los ciudadanos, sino que debe orientar sus directrices hacia una racionalización del sistema político-electoral que permita optimizar el uso del tiempo y los recursos financieros, materiales y humanos, tanto de los organismos electorales como de los poderes públicos democráticamente electos.

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

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