Políticas públicas, instrumentos de la democracia y la equidad

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Tales problemas o demandas aún irresolutas o insatisfechas pueden clasificarse bajo dos denominaciones: en un renglón se sitúan las que caen dentro del esquema de necesidades sociales que permanecen fijas o invariables a través del tiempo, y para cuya atención aún no existen instrumentos institucionales o los que hay son insuficientes; la otra subclasificación se refiere a las eventualidades o contingencias cuya imprevisible ocurrencia las hace relativamente fortuitas, pero que a pesar de ello se suscitan con frecuencia indeterminada.

Como ejemplo del primer rubro podría citarse a la necesidad de apoyo para sufragar el gasto operativo que implica el sostenimiento de las actividades desplegadas por las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a brindar servicios asistenciales de carácter no lucrativo en favor de personas pertenecientes a grupos vulnerables tales como adultos mayores, mujeres o niños en situación de maltrato o desamparo, personas con discapacidades o adicciones, indigentes, migrantes, etc. No obstante la relevancia del papel que dichas organizaciones de asistencia social desempeñan en los temas referentes a otorgamiento de oportunidades de desarrollo individual, restablecimiento del tejido social y abatimiento de inseguridad, no existe a nivel federal una política pública que permita respaldar a estas mediante la asignación de subvenciones para la cobertura de su gasto operativo, el cual consiste en los diversos conceptos que integran los costos fijos y variables que resultan de su cotidiano funcionamiento como entidades altruistas. Entre los que se pueden citar como ejemplo: alimentación, medicamentos, artículos de aseo personal, agua potable, energía eléctrica, teléfono, gas, combustible, arrendamiento de inmuebles, impuesto predial, material de oficina, etc.

Entre el conjunto de hechos de realización incierta se encuentran casos como las defunciones, lesiones o los daños materiales que pueden ocurrir de manera inesperada, ya sea como resultado de alteraciones de la salud de las personas, a raíz de accidentes, o por causas de fuerza mayor que escapan al control de la voluntad humana. En este espectro de acontecimientos se sitúan tanto los fallecimientos de carácter repentino o accidental, como las lesiones y las pérdidas patrimoniales –vivienda y otras pertenencias personales- que en ocasiones llegan a sufrir las personas y/o familias afectadas por la presencia de fenómenos naturales catastróficos como terremotos, maremotos, lluvias torrenciales, nieve, granizo, heladas, tornados o huracanes, cuya manifestación suele ser devastadora.

Aunque debido a la amplia gama de situaciones reales de ocurrencia actual o circunstancial que registra la vida en sociedad, es prácticamente imposible brindar atención gubernamental a la vasta casuística que puede plantear la problemática social, sí resulta recomendable para los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- la realización de diagnósticos socioeconómicos que sirvan de fundamento para la elaboración de políticas públicas prioritarias que permitan dar respuesta oportuna y eficaz a añejas y recurrentes necesidades sociales, cuya solución ha sido largamente postergada. En la presente época las políticas públicas juegan un papel imprescindible para el desempeño de las instituciones gubernamentales. La justicia social, la visión, la pertinencia, la sensibilidad, la priorización y la racionalidad, son algunos de los valiosos atributos que deben normar el criterio de los gobernantes a la hora de diseñar las políticas públicas, instrumentos indispensables para la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, en la que imperen la armonía y el bienestar.

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

 

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