Oceanografía… sus consecuencias

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Para saber un poco más acerca de la hoy mundialmente desprestigiada Oceanografía, hay que reseñar que esta es una empresa de origen mexicano, nacida hace 40 años para dedicarse –además de la corrupción, por lo que se ve- al mercado de instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales, transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos. Asimismo, es preciso referir que tan solo en el período 2000-2012 la citada corporación empresarial, obtuvo alrededor de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales para proveer servicios y obra pública a Pemex Exploración y Producción (PEP), lo que significó la firma contratos por 31 mil millones de pesos, que a la cotización actual son 2 mil 296 millones de dólares. De esa envergadura financiera eran las transacciones de Oceanografía, en sus dos sexenios de jauja. 

El hecho de que los supuestos actos fraudulentos, y demás conductas ilícitas, como tráfico de influencias y otorgamiento indebido de contratos, en los que pudieron haber incurrido el propietario de dicha empresa, el ingeniero Amado Yáñez Correa, y algunos funcionarios que prestaron sus servicios a la petrolera paraestatal durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ha comenzado a despertar una serie de especulaciones de carácter político, que en nada ayudan al alicaído Partido Acción Nacional, pues de resultar ciertas las suposiciones y sospechas quedaría al descubierto una hasta ahora desconocida red complicidades y corruptelas, conformada por funcionarios y empresarios que contaron con información privilegiada y acceso a los más altos niveles del gobierno en la etapa Fox-Calderón.

La ya de por sí difícil circunstancia para la imagen del partido blanquiazul y de los ex servidores públicos y empresarios que tuvieron relevancia durante los doce años en los que gobernó a México el panismo, se complica al haber comenzado a filtrarse en medio del sonado caso los nombres de los hermanos Jorge y Manuel Bribisesca Sahagún, hijos de la exprimera dama Martha Sahagún de Fox, así como los de algunos miembros de la familia de Juan Camilo Mouriño, extinto Secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón. Y para agravar aún más la delicada trama de esta maraña político-empresarial y financiera, también Gustavo Madero, el actual Presidente Nacional del PAN –con licencia-, ha sido incluido en el elenco, al vinculársele de cierto modo con el estridente caso, por haber utilizado en una de sus giras una de las aeronaves de la tristemente célebre empresa.

Adicionalmente a las implicaciones jurídicas y políticas derivadas del desaseo descubierto en Oceanografía, tal embrollo ha dejado una secuela de adversos efectos colaterales, pues la onda expansiva generada por este explosivo caso de corrupción a gran escala ha trascendido hasta los ámbitos socioeconómico y deportivo. Prueba de ello son los cientos de trabajadores –algunos de ellos con varios meses sin recibir su sueldo- cuyo porvenir y estabilidad laboral se hallan hoy la deriva, como resultado de la quiebra de la otrora influyente empresa; o la situación de los jugadores del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, quienes han externado su decisión para dejar de jugar si Amado Yáñez Jr., propietario de la franquicia deportiva -y accionista de Oceanografía-, no les paga el mes de sueldo que les debe, mismo que hasta hace pocos días no podía liquidarles por falta de dinero.

El corolario de todo esto es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no solo ha tenido que inhabilitar a Oceanografía para evitar la adquisición de nuevos contratos con el sector público, sino que también se ha visto obligado a intervenir en la administración de dicha empresa para mantener su operatividad e impedir el incumplimiento de ciertos contratos concernientes a la prestación de algunos servicios que esta aún debe brindarle a PEMEX. Lo que sí es difícil asegurar es que se logre el sostenimiento de la plantilla laboral de Oceanografía, para evitar la gestación de un problema social de considerable magnitud, que se reflejaría en el desamparo económico de cientos de familias cuyos ingresos se extinguirían si se diera el cierre de esa fuente de trabajo.

El caso de Oceanografía es un claro ejemplo de las devastadoras repercusiones que pueden llegar a originarse cuando la ausencia de responsabilidad social y la corrupción político-empresarial imperan en el manejo de los negocios. Si en otros tiempos el nombre de Oceanografía era símbolo de influencia política y prosperidad financiera; hoy esta devaluada denominación es sinónimo de delincuencia empresarial, quebranto económico y perjuicio social. 

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

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