México va a cambiar…

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México habrá de registrar trascendentes reformas durante el gobierno del presidente electo, Enrique Peña Nieto. Las urgentes necesidades de índole socioeconómica que hoy enfrenta la nación, aunadas a la relevancia económica y política que ha alcanzado en el concierto internacional, hacen impostergable la implementación de profundos cambios que detonen el desarrollo de este país, al que algunos analistas políticos y financieros internacionales le atribuyen grandes posibilidades de emerger como una de las nuevas potencias en el corto plazo.

 

 

 

El bono demográfico que caracteriza a nuestro país es una de sus fortalezas, pero a la vez implica el reto de asignar oportunidades de desarrollo personal a millones de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. Además el grave rezago social que la pobreza significa es otra asignatura pendiente, cuya eficaz atención resulta imprescindible si se quiere lanzar a México hacia un verdadero nivel de prosperidad, bienestar y desarrollo generalizado. Las grandes inequidades y contrastes que la nación padece obedecen en buena medida a factores relacionados con el bajo grado de escolaridad, la injusta distribución de la riqueza, las bajas percepciones salariales, la deficiente política hacendaria, y la obsolescencia en algunos rubros de la normatividad jurídica vigente.

La población nacional aumenta con celeridad, y con ello se incrementan las demandas de alimentación, salud, vivienda, educación, empleo, y los demás bienes y servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades físicas, espirituales e intelectuales de los habitantes. Hoy somos más de 106 millones de personas los mexicanos que residimos en el país, y es probable que en las siguientes dos décadas esta cifra se incremente en 20 o 30 millones más. El riesgo de un estallido social estará latente como una seria amenaza mientras el Estado Mexicano no encuentre el cauce que permita incorporar al desarrollo social y humano a los millones de compatriotas que hoy y en los años porvenir demandarán la reivindicación de sus elementales derechos económicos, sociales y humanos, que proclaman la realización de una vida digna para cada persona.

Por ello, el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, titular de la próxima administración federal, cuya gestión habrá de iniciar en Diciembre del presente año, ha reconocido que una de sus prioridades será la concertación de los acuerdos que junto con el Poder Legislativo lo lleven a concretar las sustanciales reformas que en materia fiscal, educativa, laboral, energética y política, el país hoy reclama. El tiempo se agota, si en los siguientes seis años la nación no efectúa las modificaciones estructurales que adecúen su andamiaje jurídico, político e institucional, para responder a las nuevas exigencias que plantea la sociedad mexicana del siglo XXI, tal vez se haya perdido un tiempo valioso para dar el significativo golpe de timón que durante sexenios ha sido demorado, debido en no pocas ocasiones a disputas de carácter partidista, fundadas en cálculos de naturaleza electoral y política. En caso de que los representantes del poder legislativo carezcan de la madurez suficiente para estar a la altura del momento histórico que les ha tocado protagonizar, y no actúen con sensatez en el corto plazo, perderán la oportunidad de pasar con honor a la historia, y entonces sí serán muy altos los costos sociales, económicos y políticos que el país tendrá que sufragar por sus inveteradas, recurrentes y perjudiciales negligencias. Muchos politólogos aseguran que México va a cambiar. La República se encuentra en el umbral de un nuevo capítulo de su devenir: de los actores políticos depende que el período 2012-2018 se convierta en un parteaguas de su historia, y se le recuerde como el momento en el que los gobernantes ennoblecieron el futuro de la nación, dejando de lado la inmediatez electoral y las añejas mezquindades.

Comentarios o sugerencias: carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

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