La politización de la justicia

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La reciente detención en flagrancia, hecha en Ciudad Juárez por la Procuraduría General de la República contra diez agentes de la Policía Federal que extorsionaban a un comerciante de esa frontera, es un incidente que tendrá fuertes repercusiones y resonancia desde los puntos de vista jurídico y político. Una de las razones fundamentales de ello es que en este país casi todo tiende a politizarse debido a una añeja cultura en la que durante mucho tiempo hemos estado inmersos, ya que bajo el dominio de las llamadas reglas o máximas no escritas de la vida pública, las cuales versan sobre “el cuidado de la imagen y las formas”, “la mitigación de las estridencias y los escándalos públicos para evitar los reclamos derivados de la irritación social”, “el aminoramiento del costo político” y otros argumentos por el estilo, se ha generado la costumbre de dar “carpetazo” a ciertos asuntos peliagudos, inclusive atropellando a veces el supremo principio de preservación del Estado de Derecho, que estamos obligados a observar por el solo hecho de vivir bajo un régimen jurídico.

 

Es válido, desde los puntos de vista ético, moral, social, jurídico y político, que el gobierno federal, en uso de las facultades y dentro de los márgenes de actuación que le confiere la ley, conduzca de la mejor manera la vida institucional del país, con el propósito de mantener la buena marcha, la armonía y la estabilidad tanto de la convivencia ciudadana como de los asuntos públicos. Sin embargo, el hecho de que bajo el pretexto de eliminar cualquier “ruido”, “alteración social” o “riesgo político-electoral” que cause incomodidad, distracción o “peligro” al régimen gubernamental se pretenda a ultranza aplicar criterios políticos cuya práctica viola el marco jurídico vigente, demuestra la ausencia de justificación de tales criterios, pues al emplearse en forma indebida se secuestra, sojuzga y degrada el legítimo valor supremo de la norma jurídica, siendo usurpada su noble función por la subjetividad, el arrebato político, o los intereses partidistas.

 

No pocas voces claman justicia para que los malos elementos policiacos federales -a quienes además de comprobárseles la privación ilegal de otro hombre les fueron encontradas drogas, dinero y armas no oficiales- sean juzgados conforme a la legislación penal chihuahuense recientemente reformada, que contempla la prisión vitalicia o cadena perpetua para extorsionadores, secuestradores y multihomicidas. Sin embargo existen suspicacias sobre una eventual sustracción del caso por parte de la PGR, lo cual, de ocurrir, eliminaría la posibilidad de la aplicación de la máxima pena privativa de la libertad a los oficiales que delinquieron al amparo de los nombramientos, uniformes, placas y armas que a través del gobierno federal les confió el pueblo mexicano.

 

No debe perderse de vista que el próximo año 2012 es un año político por excelencia, pues además de elegirse al sucesor del Presidente Felipe Calderón, se renovarán las Cámaras de Diputados y de Senadores, que conforman el Congreso de la Unión, es decir, se renovarán dos de los tres poderes del estado mexicano, el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello el tratamiento que el mandatario nacional brinde al caso mediante la PGR, definirá su verdadera postura respecto a los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión.

 

Tampoco debe olvidarse que Calderón ha manifestado en público su malestar por la pronta liberación que en muchos casos obtienen los delincuentes debido a la fragilidad legal, la endeble instauración de los procesos o la laxitud de los criterios judiciales. Si los policías infractores son juzgados en Chihuahua, bajo el gobierno del Gobernador César Duarte, es probable que pasen el resto de sus días en la cárcel; en cambio si los protege el gobierno de Felipe Calderón podrían recibir penas menores, y al cabo de un tiempo estar otra vez en la calle.

 

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece que se impondrá prisión vitalicia cuando en la comisión del delito de extorsión el sujeto activo sea integrante de alguna institución policial. Por su parte el Código Penal Federal impone al responsable una pena de dos a ocho años de prisión, pudiendo aumentarse esta hasta un tanto más cuando el delito sea cometido por un miembro de alguna corporación policial. Pronto se sabrá si Felipe Calderón es en verdad imparcial y considera que el máximo rigor de la ley debe aplicarse sin excepciones ni distingos. La decisión del Presidente podría evidenciar que el interés electoral y el miedo al costo político inclinan al gobierno del PAN a sucumbir ante la fácil pero deshonesta tentación de politizar a la justicia.

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