En conferencia de prensa expusieron que con el TTP la dependencia alimentaria del país pasará de 42 a 80 por ciento en tres lustros. “Es inaceptable que los acuerdos se hagan a espalda de la población y que el Legislativo los apruebe sin discutirlos, por eso la exigencia es que se someta a consulta pública”.
Refirieron que el campesinado tiene la experiencia del TLCAN, “ya no nos pueden engañar. El desastre tampoco se puede arreglar con reformas al campo. Lo que se necesita es un cambio en las políticas públicas”.
Suárez Carrera apuntó que en dos décadas, el crecimiento del PIB agropecuario se estancó en 1.5 por ciento; el empleo rural pasó del 19 al 13 por ciento y más de seis millones de personas migraron a Estados Unidos; 30 corporaciones agroalimentarias controlan el mercado. “El abandono del campo por el gobierno propició que este vacío fuera ocupado por el crimen organizado”.
En otro foro, Alberto Arroyo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que con el TLCAN, el país registró una salida de 108 mil millones de dólares y un déficit de 321 mil millones de la misma moneda.
La promesa de crear más empleos se convirtió en desempleo, el cual es cinco veces mayor a la cifra oficial de 2.6 millones; tampoco se cumplió la de tener alimentos más baratos, pues el porcentaje de pobres con hambre es casi igual a la de los trabajadores cuyo salario no alcanza para adquirir dicha canasta. La pérdida del salario mínimo equivale a 4.6 años de trabajo con el salario actual.
“Estamos frente a un mundo irracional al que debemos ponerle freno”, destacó Óscar Alzaga, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. La Jornada
