El agua… prioridad nacional

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Uno de los retos que enfrenta el país es el relativo al saneamiento de sus aguas residuales y de las contenidas en los cuerpos naturales de tipo superficial. Por desgracia el agua existente en la mayoría de las presas, ríos, lagos y litorales mexicanos presenta peligrosos niveles de contaminación que amenazan la salud de la población y la supervivencia de nuestros ecosistemas. El costo económico que ello implica impacta en gran medida a la nación tanto en la esfera pública como en la privada, ya que la mala calidad de nuestras aguas nulifica el potencial turístico, lo que afecta la entrada de divisas que se reciben por la presencia de turistas nacionales y extranjeros; asimismo el aumento en el índice de enfermedades y/o defunciones asociadas a la insalubridad hídrica repercute en la economía de las familias, las empresas y las instituciones públicas relacionadas con el sector salud. Por lo que respecta al ámbito gubernamental los compromisos financieros inherentes a la problemática hidrosanitaria no son menores, ya que los gobiernos de todos los niveles tienen frente a sí la inaplazable necesidad de establecer un sistema nacional integral que asegure una cobertura total, funcional y eficiente en los rubros de suministro de agua potable y saneamiento.

 

En muchos de los municipios del país todavía desechan sin tratamiento alguno las aguas residuales domésticas e industriales, vertiéndolas en ríos, arroyos, presas, lagunas, estanques y costas, con la consecuente alteración del balance natural bioquímico del agua contenida en dichos cuerpos receptores, hasta el grado de convertirlos en fuentes contaminantes e infecciosas –por no decir letrinas-, que además de amenazar la salud de los usuarios de tales aguas, extinguen la fauna y la flora que dependen de ellas para su subsistencia.

La tarea a realizar es de importante magnitud y consiste, entre otros aspectos, en establecer un amplia red de plantas tratadoras y/o purificadoras de aguas residuales en todos los asentamientos humanos del territorio nacional, ya que de no frenarse la continuada contaminación que se ha venido causando en los suelos y aguas superficiales, el problema cobrará dimensiones cada vez más difíciles de revertir, pues el proceso de infiltración de agentes químicos, heces fecales y bacterias hacia los estratos del subsuelo infecta tanto a este como a los mantos acuíferos subterráneos, haciendo inviable la explotación de tierras para la producción de agrícola, así como el empleo de esos acuíferos para el consumo humano.

También resulta imprescindible otorgar cobertura en lo referente a redes de alcantarillado sanitario, pues la insuficiencia de infraestructura hidrosanitaria es otro de los factores detonantes de la contaminación que se padece, ya que en México aún existen muchas ciudades y comunidades en las que debido a la carencia del servicio de drenaje miles de viviendas descargan sus aguas negras hacia fosas sépticas, cuya irremisible consecuencia ha sido el envenenamiento de los mantos acuíferos subterráneos.

Por si lo anterior fuera poco, el uso de aguas negras o grises en la irrigación de hortalizas y otros cultivos, así como en la alimentación y crianza de ganado, ha sido una recurrente y perjudicial práctica aplicada en algunos lugares donde la escasez de agua limpia ha colocado bajo tan deplorable circunstancia a la actividad agropecuaria, con el consecuente riesgo para los consumidores de los vegetales, cárnicos y lácteos que de ese modo se producen.

El cuidado y la reutilización del agua no solo es un imperativo sanitario, sino de preservación del preciado recurso cuyo agotamiento se revela cada año con mayor rigor en entidades como Chihuahua, donde la ausencia de lluvias causa severas pérdidas en la agricultura de temporal y la ganadería, además de impedir la recarga de acuíferos superficiales y subterráneos, de los que depende el suministro de agua para la agricultura intensiva, la industria y el consumo de la población.

Sin duda los gobiernos municipales y estatales del país, así como la administración pública federal -esta última a través de la Comisión Nacional del Agua-, deberán considerar prioritario el tema del agua, amalgamando esfuerzos y recursos técnicos y financieros en torno a un plan nacional de sustentabilidad hidráulica que permita a los tres órdenes de gobierno cumplir en sus respectivos ámbitos de competencia con el ineludible deber político y moral de garantizar a sus gobernados la suficiencia y calidad del vital líquido a mediano y largo plazo.

Comentarios o sugerencias: carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

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