Democracia del agua y cambio civilizatorio

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Una nueva y grave crisis recorre todo el país, sobre todo el norte árido: la crisis del agua. Ya ha provocado serias disputas entre comunidades, ente órdenes de gobierno, entre productores y consumidores. Es una crisis provocada por la agudización de la vulnerabilidad de poblaciones y ecosistemas ante el cambio climático. Nuevos actores, nuevos intereses invaden viejos derechos y accesos: compañías mineras extranjeras en unos cuantos meses consumen toda el agua que un pueblo necesita para su vida entera; acaudalados agricultores cosechan divisas con cultivos de exportación dejando sin agua para producir sus alimentos a los campesinos. La diputa por el agua ya causó dos asesinatos este año: el de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, en Chihuahua.

 

 

Sin embargo, se abre una oportunidad histórica para operar una transformación estructural. El año pasado se agregó un párrafo al artículo cuarto constitucional estableciendo el derecho humano al agua y al saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días, que vence el próximo 3 de febrero, para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. A partir de esto, la Red Temática del Agua, organismo que agrupa gente de la academia, de centros de investigación, activistas sociales y representantes de comunidades, convocó los pasados 7 y 8 de diciembre al congreso Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México. En las 10 mesas de trabajo se recibieron muy sólidas propuestas, pensadas desde abajo y fundamentadas desde la ciencia, para construir una nueva ley para hacer efectivo el derecho del agua para todos y para siempre, así como para elaborar un Plan Hídrico Nacional e instancias ciudadanas, societales, para la gestión del más vital de los recursos.

El establecer en la Constitución el derecho humano al agua y hacer que el Estado lo garantice entraña convertir el suministro para consumo humano, para las generaciones actuales y futuras y para los ecosistemas, con agua de calidad y suficiente, como la prioridad primera, básica, de la operación de todos los sistemas y de las cuencas. En una palabra, garantizar agua para todos y para siempre. En seguida tendría prioridad el agua necesaria para cultivar los alimentos básicos para la población, es decir, el agua para la soberanía alimentaria y no para el lucro. Sólo el agua que sobrara después de esto o el agua tratada, podría entonces emplearse para cultivos no básicos o para la industria o para la extracción de minerales.

Esto implica dos transformaciones fundamentales en la participación ciudadana y en el modo de vida. La primera es indispensable para el manejo de los bienes comunes escasos. Para implementarla se contempla la constitución de consejos de cogestión de cuenca. Estos consejos, integrados paritarariamente por representantes de los tres órdenes de gobierno y de las y los ciudadanos, vendrían a ser la pieza central de la democracia del agua. Sus funciones principales serían elaborar y ejecutar el plan rector de la cuenca, a partir de los dictámenes de disponibilidad y de impacto. Serían los responsables de realizar la gestión integral de las cuencas para que se utilicen sólo los caudales de agua ecológicamente disponibles en ellas, y de evitar la sobrextracción y la contaminación y disminuir la vulnerabilidad. Democracia del agua sería, pues, quitarle al Estado al monopolio sobre la planeación y asignación de este recurso. Y si la democracia parte de lo más básico de lo básico nadie la podrá parar cuando se trate de la gestión de los demás bienes comunes. Democratizando el agua no se podría detener la democratización de la sociedad.

La otra transformación tiene implicaciones inimaginables. El que democráticamente se asignen los volúmenes de agua a las comunidades y a los ecosistemas, a partir de estimaciones científicas desinteresadas, hará que se atienda primero un piso de derechos básicos para todos y se destine lo que reste para usos agrícolas o industriales o domésticos suntuarios. Esto va a impactar a la industria, a la minería, incluso a la agricultura productora de alimentos no básicos. El lograr que nadie muera de sed ni de carencia de alimentos, ni de enfermedades provocadas por la falta de agua, tiene su impacto en nuestro modo de vida, sobre todo en nuestro modo de consumo. No podemos seguir comiendo, bebiendo, vistiéndonos, transportándonos, divirtiéndonos, como lo hacemos ahora. El planeta no lo aguantará, y donde se resentirá primero será en el agua. Entonces, o nos encaminamos a un futuro hobbsiano, donde sean los más fuertes quienes sigan concentrando –y malversando– los recursos naturales de todos a costa de la mala calidad de vida y la muerte de las mayorías, o empezamos una nueva civilización basada en el compartir, en la responsabilidad de cada uno con la comunidad planetaria. Una civilización que esté muy consciente de aquello que alguna vez dijo Iván Illich: “Las fronteras de lo bueno y de lo estrictamente necesario prácticamente son las mismas”.

Si la nueva Ley General de Aguas que se construye de manera participativa recoge todo esto, silenciosa y pacíficamente estaremos dando un golpe mortal al extractivismo y al capitalismo depredador de ecosistemas y de comunidades. Al mismo tiempo, estaremos sentando un primer cimiento para el cambio civilizatorio que le urge a esta humanidad cada vez más tensionada, violenta e injusta.

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