“La preponderancia de estas empresas no sólo significa para los consumidores y usuarios altos precios y baja calidad en el servicio, también tiene como consecuencia para las audiencias un profundo control mediático, la ausencia de opciones informativas, el bloqueo a la difusión de la producción cultural de calidad, la imposición de modelos de vida contrarios a nuestras condiciones raciales y culturales”, sentenciaron.
Las organizaciones Al Consumidor y El Poder del Consumidor (EPC) sostuvieron que para el organismo regulador y la ley secundaria en telecomunicaciones “no debe haber más mandato que la protección de los derechos de los consumidores, usuarios y audiencias”.
El gobierno federal, abundaron, debe enviar al Congreso una iniciativa que cumpla con ello.
Criticaron que en la Ley de Telecomunicaciones la predominancia haya quedado marcado a partir del dominio del 50 por ciento del mercado y no del 30 por ciento como se ha establecido en otros países.
Incluso consideraron que la legislación secundaria también debería abordar la propiedad cruzada de los medios, es decir, evaluar la preponderancia tomando en consideración la presencia de una empresa en diversos medios.
“La concentración de estos mercados no sólo ha significado el robo a los consumidores con algunas de las tarifas más altas en telefonía y televisión por cable, también un servicio de mala calidad, al no existir opciones. Tan grave o más que lo anterior ha sido el efecto que ha tenido la predominancia en el mercado de la televisión que ha dañado los procesos democráticos y la producción cultural de nuestro país”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
Daniel Gershenson, quien preside la organización civil Al Consumidor, sentenció que “contener a los actores que avasallan el mercado de las telecomunicaciones y la televisión, es una tarea impostergable del Estado mexicano. De que las autoridades lo realicen de acuerdo a cánones internacionales: privilegiando al interés colectivo, depende el futuro de este país que ha padecido demasiado tiempo el capitalismo de compinches, y la indiferencia o complicidad de gobiernos de todos los partidos y sus órganos reguladores. Es absolutamente necesario fomentar, ahora sí y aunque sea algo tarde, la competencia que garantice mejores y más asequibles servicios y una defensa frontal de usuarios y audiencias mediante mecanismos adecuados de regulación y seguimiento. No es exagerado decir que la viabilidad de México como nación respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales está en juego”.
Ambos demandaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones:
1. Establecer la predominancia en el mercado de las telecomunicaciones e imponer las regulaciones adecuadas para abrir la competencia en estos mercados teniendo como objetivo central los derechos de los ciudadanos en su calidad de consumidores, usuarios y audiencias. El propio IFETEL cuenta ya con las investigaciones realizadas a Telcel, Telmex y Televisa.
2. Tomar las decisiones procedimentales para la desagregación de estos agentes preponderante como es el caso de Telmex.
3. Lanzar la licitación de las frecuencias de televisión para la creación de las dos nuevas cadenas de TV nacional abierta.
También exigieron que el gobierno federal cumpla con su compromiso de entregar al legislativo una iniciativa para la ley secundaria de telecomunicaciones basada en la defensa de los derechos de las audiencias, los consumidores y usuarios.
Tal legislación debe incluir la prohibición de la publicidad de la comida chatarra en los horarios infantiles, para ser congruente con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, establecer una red compartida de telecomunicaciones que permita el acceso de la población a la banda ancha y los servicios de telecomunicaciones.
“Hemos presenciado la guerra entre los empresas preponderantes, entre los grandes monopolios y duopolios, cada quien defendiendo sus propios intereses sin que se le dé voz a los consumidores, usuarios y audiencias. Como organización de consumidores hemos sido víctimas de la censura de Televisa y TV Azteca cuando quisimos contratar espacio para un anuncio que exponía los daños en la salud de los refrescos. A ese grado ha llegado el poder de las televisoras: a impedir, incluso, la compra de un espacio comercial para difundir información para la salud y que es contraria a los intereses de uno de sus anunciantes. Olvidando que son concesiones de interés público”, declaró el director de EPC. La Jornada
