Central de actuarios del poder judicial en Chihuahua

HABLANDO Y ESCRIBIENDO.- Una de las funciones más importantes del Estado,  que tiene que ver con su responsabilidad de generar y mantener un clima social armónico, estable, pacifico y de desarrollo, es el relacionado con la procuración y administración de justicia.

 

En sentido estricto, es el Congreso del Estado quien crea las normas de convivencia, mientras que el Ejecutivo a través de la Fiscalía persigue la consumación de los delitos, y el Judicial, se encarga de sancionar las conductas antijurídicas de quienes infringen la ley.

Desde el año 2007, cuando se inició con la vigencia del nuevo sistema de justicia penal en la Entidad, a la fecha, se han llevado a cabo una interminable serie de reformas a los códigos sustantivo y adjetivo, que han desvirtuado por completo el modelo inicial semejándose el NSJP, como el nuevo Frankestein chihuahuense; es decir, una masa amorfa sin pies ni cabeza, que responde a los intereses de quienes temporalmente ocupan el poder político en Chihuahua.

Pero no es solamente lo penal lo que presenta desorden, desaseo e irresponsabilidad por parte del Supremo Tribunal de Justicia.

Como será del conocimiento de la mayoría de los litigantes, usuarios de los juzgados civiles y familiares, la Central de actuarios se creó, como resultado de una serie de acciones evolutivas, que tenían como premisa, el eficientar la forma de operar en cada uno de los procesos judiciales que se requieren diligenciar; se trataba de ordenar las funciones de los actuarios, tanto para agilizar la función de los juzgados, como para acercarse al ideal de que la justicia debiera ser pronta y expedita.

La carga de trabajo, el incremento de la responsabilidad de los coordinadores de la central, así como la nula supervisión por parte de quien representa el Poder Judicial, generó la propagación de conductas, que en voz de algunos jueces, no eran del todo adecuadas para los actuarios.

A decir de estos juzgadores, los coordinadores tomaban decisiones que no debían, porque interpretaban mal sus ordenamientos, buscando cómo no llevar a cabo las diligencias ordenadas, lo que generaba un clima a veces hasta hostil entre los juzgadores y los litigantes.

El hecho es que a 90 días de cumplirse un año de haber desaparecido la central de actuarios, es un buen momento para que se pueda hacer una evaluación, apegada a la realidad, donde no solo prevalezca el criterio de los juzgadores, sino también el de los propios litigantes.

La representación del Poder Judicial constituye una enorme carga de trabajo para el magistrado presidente Javier Benítez, quien tiene que atender la enorme lista de invitaciones que le hace diariamente el titular del poder Ejecutivo para que lo acompañe a sus distintas responsabilidades, dejando en segundo término las propias.

Mientras tanto, los juzgados civiles y familiares buscan afanosamente implantar la mejor forma de coordinar la función de los actuarios, pero a la fecha, numerosos han sido los intentos, sin tener los resultados esperados.

No existe un modelo de operatividad para todos los juzgados; cada juez tiene un sistema propio que cambia conforme las quejas que se presentan; en uno, las citas únicamente se dan de un día para otro, en el de al lado, sólo se entregan fichas los lunes y miércoles para programar toda la semana, en el de enfrente, se programan diligencias hasta para los próximos 20 días, llegue quien llegue, bastando que lo pida para que se le anote al final de la lista; en otro más, si ya no alcanzó para ese día y le urge, puede, como en los aeropuertos, anotarse en la lista de espera y con suerte, si llega a las 9:00 , es posible que pueda alcanzar espacio antes de las 15:00 hrs.

Como siempre, los despachos que manejan enormes carteras de clientes y cuentan con un ejército de litigantes para llevar a cabo las diligencias que se van requiriendo, acaparan las citas, dejando a quienes no tienen tantos asuntos largos espacios que en la mayoría de los casos van más allá de los dos meses, teniendo que notificar personalmente a la contraparte.

En una desafortunada declaración, Javier Ramírez Benítez, justificó la desaparición de la central de actuarios, con la afirmación de que se habían detectado acciones de corrupción entre los que cuentan con fe pública.

Sin que especificara a quien o a quienes se refería, el magistrado presidente  señaló a todos los actuarios y a ninguno, ofendiendo a la totalidad de ellos, en una forma irresponsable, irrespetuosa, babieca y falaz, que a la fecha continúa impune.

El extravío de expedientes y la consulta remota es una muestra más del desorden que priva en los juzgados; regularmente se presentan caídas del sistema, donde cientos de expedientes simplemente se borran, teniendo los litigantes nuevamente  que solicitar sean incorporados a sus cuentas, pero tiene que ser conforme la carga de trabajo de los juzgados, ya que se tienen que llenar por varios días las listas de solicitudes, para no tener que subir expedientes diariamente, sino una sola vez por semana.

El valemadrismo de los magistrados que integran el poder judicial, les impide buscar solución a los problemas que se presentan de manera permanente en los juzgados civiles y familiares; la desaparición de la Central de Actuarios y la incorporación de éstos en cada juzgado, es atribuible al presidente Ramírez Benítez, porque a él le corresponde atender estas cuestiones domésticas –aseguran algunos magistrados-, sin embargo, la falta de tiempo del magistrado presidente para atender cuestiones de su despacho, por dedicar más tiempo a las invitaciones del Gobernador, están haciendo cada día más grande la bola de nieve cuesta abajo que representa la organización de la actuaría ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )


rssfeed
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit YahooWebSzenario

Agregar un comentario


Security code
Refrescar

Ultimas Noticias

Banner